Feministas venezolanas de 2005 a hoy

Un día Elizabeth Friedman, la feminista estadounidense que en los 80 hizo su tesis de maestría y luego la doctoral sobre las conquistas y fracasos de las mujeres organizadas en Venezuela,  me invitó a escribir para Nacla Report on the Americas, sobre la situación después de las elecciones parlamentarias de 2005 (de las que se retiró a última hora la oposición) y en vísperas de las elecciones presidenciales  de diciembre de 2006. Escribí entonces que del lado  de las venezolanas que apoyaban al presidente (quien seguramente sería reelecto por tercera vez, como lo fue) se decía  que había una Fuerza Bolivariana de Mujeres, compuesta por 30 o  40 o 50 mil “puntos de encuentros” (eso dependía de quien diera la información), cada uno con 5 ó 6 mujeres. Pero, después de oír a algunas de ellas se podía inferir que la mayoría no estaba comprometida en los que las feministas latinoamericanas y del Caribe considerábamos la  agenda mínima de las mujeres, que es más o menos la misma agenda de hoy, 28 de noviembre de 2019:  garantía de los derechos sexuales y reproductivos, incluida la interrupción voluntaria del embarazo; derechos individuales y sociales de  todas las personas independientemente de su orientación sexual; paridad y alternabilidad en las listas electorales y en  cualquier espacio de participación política; oposición a todo uso y abuso de la imagen de niñas, adolescentes y mujeres en la publicidad; y seguridad social para todas las mujeres, incluidas las del mayoritario sector informal de la economía.

Las mujeres de los “puntos de encuentro” estaban en 2006 más bien comprometidas con la permanencia del líder máximo del “proceso” en la presidencia y con los planes y programas puestos en marcha por el ejecutivo desde 2003 que llevan el nombre de misiones, que no están dirigidos exclusivamente a las mujeres sino a las familias más pobres, al frente de las cuales siempre han estado las mujeres. 19 misiones fueron mencionadas por un informe gubernamental de julio de 2006, pero luego se crearon la Misión Ciencias y la Misión Alma Mater, de manera que había 21 misiones a fines de 2006. 

De las mujeres de la oposición — muy activas en las calles hasta el referendum revocatorio del 1-8-2004– podía decirse lo  mismo: salvo excepciones de mujeres que venían de una larga lucha por los derechos de las mujeres y que ahora conformaban  el Frente Nacional de Mujeres, el grueso de las marchantes en las calles  desconocía  y, por tanto, jamás se había pronunciado sobre los asuntos específicos de la agenda mínima L.A. y del Caribe, como la interrupción voluntaria del embarazo; o la injusticia que significa discriminar laboralmente a una mujer no heterosexual; o sobre el papiloma humano que cunde entre las venezolanas más jóvenes; o sobre el VIH-SIDA que no sólo es cosa de hombres homosexuales. No lo sabían porque todo esto específico estaba fuera de  lugar cuando la consigna que las reunía en la calle era la salida del presidente, así como la consigna que reunía a las mujeres de los “puntos de encuentro” era sostener al presidente en el cargo.

Algunas de esas mujeres que estaban en la calle por el revocatorio a Chávez eran feministas veteranas a las que debemos la reforma de 1982 del Código Civil vigente, la Ley sobre Violencia hacia la Mujer y la Familia (1998) que luego fue derogada y sustituida por la actual, así como  haber opinado en la redacción de la Ley Orgánica de Seguridad Social (aprobada en diciembre de 2002, el mismo año del que ahora llamamos “Carmonazo”), que en su artículo 17 prevé la seguridad social para las amas de casa, como ordena el art. 88 de la Constitución de 1999 en la que, por cierto, y al contrario de lo que está pasando en este momento con la reforma constitucional que supuestamente viene coordinando Herman Escarrá para la actual ANC, las mujeres de la oposición sí fueron convocadas, escuchadas y sus propuestas –sobre las que hacía años había consenso con las mujeres que apoyaron al presidente desde 1998—fueron integradas a lo que hoy es el Capítulo V “De los derechos sociales y de las familias”.  Los constituyentes que ejercían su fe cristiana, católica y no católica, vetaron, como era de esperar y como hay que esperar de esta ANC, los artículos referidos a la despenalización del aborto. Las reivindicaciones de las lesbianas de la comunidad LGTIB no llegaron a discutirse  porque sus representantes no se hicieron sentir como hicimos otras mujeres unidas por reivindicaciones por las que habíamos luchado en la IV República desde 1975, Año Internacional de la Mujer por decisión de la ONU.

El día de las elecciones parlamentarias, 4 de diciembre de 2005, la abstención  fue del 75.5 %, un poco más de la abstención tradicional en Venezuela para cualquier elección no presidencial (pues sólo importa, para la mayoría, quién es el  hombre que está al frente de la cosa pública), una abstención promovida  por la confusión creada por la oposición que se retiró 48 horas antes del cierre de campaña. Con ese  25 % de votantes, fueron electas parlamentarias por las mismas razones que fueron electos muchos parlamentarios: porque estaban  en las listas por su indiscutible adhesión al presidente de la República y al proceso que adelantaba, no por su apoyo a la agenda mínima de las mujeres de la región.

Que las mujeres no se opusieran a la vieja práctica descrita para elaborar la lista  final que llegó al 4 de diciembre (en el caso que apoyaba al gobierno) o de la lista que no llegó (en el caso del polo oposicionista) y, sobre todo, que ellas mismas prefirieran a hombres en lugar de mujeres con los mismos méritos que los hombres tanto en las listas finales como al votar por esas listas,   no es sino una demostración más de que al inconsciente no lo modifica ni una ley ni –mucho menos— una “sugerencia” del CNE u otro organismo oficial o no oficial y que la convicción secular de que no somos aptas para los asuntos públicos no es exclusiva de los hombres. Ahora tenemos una nueva ley, la Ley Orgánica de Procesos Electorales (2009) y un nuevo reglamento, pero la única forma de que sea de obligatorio cumplimiento el 50-50% con alternabilidad sería la modificación del art. 133 del reglamento, que en lugar de decir  que “Las organizaciones postulantes procurarán establecer mecanismos a la selección de sus postuladas y postulados a los efectos de que sus candidaturas a los cuerpos deliberantes tengan una composición paritaria y alterna, de 50% para cada sexo”, diga que “Las organizaciones postulantes garantizarán que las listas de candidaturas a los cuerpos deliberantes tengan una composición paritaria y alterna, de 50% para cada sexo”. Porque una cosa es procurar y otra garantizar. 

Flexible, no de piedra

Desde luego, hay mujeres en Venezuela que conforman lo que en un trabajo anterior Cathy Rakowski y yo (2002) llamamos –como hace Vertha Taylor (1989) — “core group”, núcleo pequeño de activistas que en momentos claves forman parte de una movilización mayor, pero que entre un momento y otro están a la espera (in abeyance) de oportunidades políticas que le permitan actuar. Este núcleo de activistas que ha venido actuando discontinuamente en Venezuela desde 1936 no es de piedra sino de un material flexible, por ello ha ido sumando a mujeres de sucesivas generaciones en momentos coyunturales y, claro está, mermando por razones de enfermedad, vejez y muerte. Ese núcleo que hasta hace poco incluyó a mujeres del año 36, como Eumelia Hernández; o del 58, como Argelia Laya, Esperanza Vera, Adicea Castillo y Nora Castañeda,  sumó en la lucha por la reforma del Código Civil (motorizada por la Federación Venezolana de Abogadas, FEVA), a fines de los 70, a las mujeres que el 8 de marzo de 1978, en la Plaza El Venezolano, se abrieron a la opinión pública asumiéndose como feministas  (Persona, La Conjura, Miércoles, MMM de Mérida y Liga Feminista de Maracaibo) y, en 1985, con motivo del balance de la década de la mujer en Nairobi, Kenya, sumó a mujeres de otras  organizaciones viejas y nuevas (como CESAP, Círculos Femeninos Populares, Teatro de Calle 8 de marzo,  Mujer y Comunicación, Alianza de Mujeres Médicas, la Unión de Mujeres Negras,  etc) en la que bautizamos en la Sala E de la UCV, a proposición de Argelia Laya, Coordinadora de ONG de Mujeres, CONG, cuyo logro fundamental fue la redacción del Título VI de la Ley Orgánica del Trabajo (1990), que la CONG encargó defender en el Congreso a una comisión coordinada por la Dra. Yolanda Poleo de Báez, abogada y jueza que venía de la lucha por la redacción de la reforma del Código Civil y que, en 1975, había dictado como jueza la primera sentencia con enfoque feminista.  Por cierto, la LOTTT vigente que sustituyó a la del 90, ratificó las garantías de las mujeres trabajadoras previstas en el Título VI de la ley del 90, extendiendo algunos beneficios.

Del núcleo flexible de activistas la característica más notoria ha sido poner a un lado las diferencias políticas para hacer avanzar la agenda específica de las mujeres, razón por la cual –después de haber formado parte de la CONG– volvió por sus fueros durante la redacción de la Constitución del 99,  logrando introducir

–como dijimos– en el texto final del Capítulo V la casi la totalidad de las reivindicaciones en las que coincidiamos. Antes de participar unidas en la discusión del texto de la Constitución del 99, las mujeres dieron una lección de lo importante que es separar lo subsidiario de lo fundamental, cuando Alfredo Peña, periodista de El Nacional y nombrado por Hugo Chávez Ministro de la Secretaría de la Presidencia, recomendó eliminar el  CONAMU, Consejo Nacional de la Mujer. Se prendieron las alarmas en el “core group” y se trazó una estrategia que logró  que se mantuviera el Conamu y que lo presidiera María León, del PCV, la CUTV y cofundadora de la CONG.

Pasado el  bienio 2002-2004 de extrema confrontación política camino al revocatorio de Chávez, el núcleo flexible y las nuevas feministas que se habían ido incorporando, lograron ponerse de nuevo en movimiento para algunas acciones, aunque no llegaron muy lejos, porque la polarización se agudizaba por las contínuas consultas electorales que hacían que una y otra vez las mujeres  abandonaran las luchas específicas por las que dictaban las jefaturas masculinas de cada polo. Con todo, en 2005 y 2006 se alcanzó,  unitariamente, por la presión de feministas de diversa opinión política y “femócratas” (las feministas con cargos dentro de la administración pública nacional y de las organizaciones internacionales), la restitución de las medidas cautelares  que protegen a la mujer del violento en una nueva Ley sobre Violencia contra las Mujeres que sustituía la del 98, ley que se discutió y redactó en la comisión correspondiente de la Asamblea Nacional, entonces presidida por Gabriela Ramírez y de la cual formaba parte Marelys Pérez Marcano, constituyente del 99 (también ahora, que no habla jamás de las reivindicaciones pendientes de las mujeres) que había militado un tiempo con las mujeres de la CONG creada en 1985. El CEM de la UCV estuvo especialmente comprometido con esta ley pues la ley anterior, la del 98  también había sido discutida y redactada por algunas mujeres del CEM UCV, especialmente por María del Mar Alvarez y Ofelia Álvarez. 

El papel de las universitarias, la igualdad y la diferencia

La mayoría de las mujeres venezolanas en movimiento por sus derechos siempre han sido, fundamentalmente y con las excepciones de siempre ––la maestra de escuela Argelia Laya, las obreras Eumelia Hernández y María León —  de clase media y procedencia universitaria. Desde el comienzo. Así vemos que la primera organización de mujeres, la Agrupación Cultural Femenina, fue fundada en 1936 y en su propia casa por Carmen Clemente Travieso, la primera mujer a la que la UCV dio el título de reportera y la única activista por los derechos de las mujeres que ha podido mantener 11 años consecutivos (de 1937 a 1948) una página semanal (“La cultura de la mujer”) encartada en el diario Ahora. En esta página se iniciaron como periodistas las también egresadas de la UCV María Teresa Castillo y Ana Luisa Llovera. 

Esa procedencia clasemediera y universitaria se ha mantenido hasta hoy, lo podemos verificar en cualquier reunión donde el tema de la condición de las mujeres se debata; es una diferencia que tenemos con los movimientos de mujeres de otras partes de América. Las feministas venezolanas nunca han sido una masa que llene avenidas y calles laterales, como las que llenaban en los años 60  el MLF en Francia o NOW en EEU y como las llenaron las estadounidenses contra Trump cuando ganó las elecciones y las que llenaron el año pasado  las argentinas a favor de la despenalización del aborto. En Venezuela las mujeres organizadas siempre han sido un pequeño pero decidido frente de opinión  que actúa en coyunturas específicas, sobre todo –como creo que ha quedado medianamente claro en lo dicho hasta aquí—cuando las circunstancias han exigido legislar.  O protestar por la no aplicación de las leyes de protección vigente.

Que el grueso del núcleo de activistas en el país haya estado integrado por egresadas universitarias (como  las abogadas que encabezaron la lucha por la reforma del código civil) y por docentes y estudiantes universitarias, más específicamente, por docentes y estudiantes de pre y postgrado de la Universidad Central de Venezuela y una docena de docentes de las universidades de Carabobo, Zulia y los Andes, explica mucho la vocación legisladora del trabajo en común del núcleo flexible de activistas. Sin embargo, que el norte haya sido la redacción de leyes que garanticen más derechos para las mujeres, no significa que no haya habido grupos feministas en los años 80 que se dedicaran a la escritura y otras artes, como el grupo Miércoles, que produjo tres videos  y un cortometraje; el grupo La Conjura  y La mala vida, que editaron revistas con mucho humor, que era la marca singular de Giovanna Mérola, una de sus creadoras (LMV produjo, además, las primeras agendas feministas del país) y el Teatro 8 de marzo de Maracay, que comenzó haciendo teatro divulgando en las plazas  las conquistas de la reforma del Código Civil y, más tarde, pasó a hacer teatro en salas, siempre montando obras de su fundadora, Lali Armengol. Seguramente sin saberlo, estas feministas retomaban el camino de otras venezolanas de la década del 60 del siglo XIX, cuando señoras y señoritas dejaron de ser consumidoras de revistas dirigidas a ellas o sólo eventuales colaboradoras, para hacerse editoras de sus propias publicaciones.

Siete años después de fundada, cuando ya no existía la CONG, un grupo de docentes que venían de la CONG y otras que venían de la Cátedra Libre de la Mujer “Manuelita Sáenz”  de la UCV (animada por Elisa Jiménez, profesora de la Escuela de Psicología de la Facultad de Humanidades y Educación), se propuso la creación de un Centro de Estudios de la Mujer, el cual se instaló entre los dos golpes de estado de 1992 (4 de febrero y 27 de noviembre). En 1998, se logró modificar los estatutos para que el CEM pudiera ofrecer programas de estudio en postgrado y en 2002, se creó la Maestría en Estudios de la Mujer que, al año siguiente fue convertida en Área de Estudios de la Mujer (ofrece Maestría, cursos de ampliación y seminarios libres), adscrita a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, FACES, área de la cual han salido muchas de las nuevas femócratas y de la militancia feminista que encontramos en organizaciones actuales.

También el CEM UCV ha visto pasar por su Diploma, Diplomado y cursos de ampliación a muchas de la nueva generación de feministas, la generación que está tomando el relevo en el núcleo flexible que aún resiste formándolas y acompañándolas. De hecho, algunas de estas jóvenes se propusieron en 2018,  desde el grupo de trabajo del Ildis coordinado por Anaís López, reeditar la experiencia unitaria de las venezolanas por sus derechos y acordar una agenda feminista mínima y común de todas, en medio de la crisis económica y social que tantos efectos devastadores  está teniendo en las mujeres, especialmente en las jefas de hogar más pobres, aunque ya casi nadie se salva en Venezuela de la escasez de alimentos, medicinas, vacunas, anticonceptivos, pañales, toallas sanitarias; la hiperinflación  en todo lo básico que escasea en el mercado y la flagrante impunidad de los especuladores; el colapso de todos los servicios públicos (incluídos ahora los de salud y transporte); ausencia de maestras en las escuelas que –como tantos miles de jóvenes– han abandonado el país buscando mejores ingresos para ayudar a sus familias aquí o para llevárselas algún día; y la creciente inseguridad personal que cada día hace abandonar temprano el trabajo  para encerrarse bajo techo, lo cual tiene efectos en quienes estudian o trabajan de noche para redondearse el ingreso. Ese esfuerzo del grupo de Ildis fracasó porque la polarización se ha ido radicalizando aún antes de la juramentación en plaza pública del presidente de la AN como presidente encargado. No parece factible esperar que pueda descongerlarse la situación hasta tanto en Venezuela no se vote en elecciones libres por un presidente único para todos los venezolanos reconocido por los adversarios y por la totalidad de los países.

Creo que habernos mantenido unidas en lo fundamental, sorteando la polarización de la que ninguna está completamente eximida,  es la razón por la que el CEM de la UCV se ha  convertido, en la sede de convergencia de las polarizadas desde 2005 (después del revocatorio de agosto 2004) hasta hoy. Unas doce reuniones de mujeres se hicieron –no sin tensiones–  entre 2005 y 2006. La coincidencia en lo sustantivo puede constatarse en uno de los últimos remitidos producidos por el que en ese momento llamamos MAM, Movimiento Amplio de Mujeres, a propósito de la nueva exclusión de las mujeres – tanto las chavistas como las de la oposición-en las listas de candidatos y candidatas  a la Asamblea Nacional, para las elecciones del 4 de diciembre de 2005. Las firmas identifican a la casi totalidad de las organizaciones reales  de mujeres en el país en ese momento. El remitido del 16 de septiembre de 2005. Pónganle cuidado a las abajo firmantes:

Movimiento de Mujeres Manuelita Sáenz, Miranda;  Colectivo Josefa Joaquina Sánchez, Vargas; Frente Nacional de Mujeres; AVESA; Colectivo «Mujer tenía que ser»; CEM de la UCV; Área de Estudios de la Mujer de la UCV; Casa de la Mujer “Juana Ramírez la Avanzadora”, Maracay; Ceformam, Centro de Formación y Atención a la Mujer de Mérida; Grupo de Investigación de Género y Sexualidad , Gigesex ULA, Mérida.

Decimos que lo firmó casi la totalidad de las organizaciones reales existentes porque en reuniones anteriores y posteriores a la que produjo el remitido, estuvieron presentes los Círculos Femeninos Populares, Fundamujer y Plafam (que con Avesa,  el CEM de la UCV y otras organizaciones conforman la Redpob,  Red de Población y Desarrollo Sustentable). Dos o tres veces asistió la Federación Venezolana de Abogadas y una vez asistió Ambar, la organización de las trabajadoras sexuales que ya tiene varios años de actividad, especialmente en la prevención del VIH-SIDA en las mujeres de los barrios del centro de Caracas; también dos o tres veces asistió Unión Afirmativa, uno de los grupos LGTIB que había en 2005. Ya existían Amazonas de Venezuela, Colectivo de Lesbianas Feministas “Josefa Camejo”, Lambda de Venezuela, Contranatura, Red Venezolana de Gente Positiva, Grupo de Trabajo LGTIB de Venezuela, Acción Ciudadana contra el Sida, ACCSI; Reflejos de Venezuela y Divas de Venezuela, pero las compañeras lesbianas no se sintieron convocadas por el MAM, probablemente porque sabían que entonces al núcleo flexible con sede en el CEM UCV no había llegado el momento de acercarse a las diversas expresiones del feminismo de la diferencia.

Unidad de las diversas

El  viernes 2 de febrero de 2006 fue la primera vez en la historia del feminismo venezolano que nos reunimos (en la Pizza Nostra, PB del CCChaguaramos) feministas heterosexuales  con los y las sexodiversas  de la comunidad LGTIB en Venezuela, que habían ganado visibilidad a partir de las jornadas de diversidad sexual que comenzaron en el Ateneo de Caracas el 2000 y continuaron hasta hace poco en la UCV. La idea era elaborar a corto plazo una agenda común para la no discriminación por razones de sexo que  presentaríamos a la Comisión Presidencial para la reforma de la Constitución del 99, propuesta por el presidente Chávez.  El grupo estuvo activo menos de un año y desapareció con el referendo del 2 de diciembre de 2007, cuando la mayoría del electorado rechazó la reforma presentada. Como se sabe, por ley habilitante el presidente implementó después varias de las reformas rechazadas pero, desde luego, no implementó ni una sola de las  propuestas que el grupo ese hizo a la Comisión  que coordinaba Carlos Escarrá. Con el grupo ese las feministas volvimos  a ensayar la  necesidad de la acción conjunta de personas que, no sólo tenemos orientaciones sexuales diversas sino  opiniones políticas opuestas, para afrontar asuntos específicos de solución urgente. Los y las abajo firmantes  que, a nombre del  grupo ese, presentaron el documento a la Comisión demuestran el acuerdo unitario: Área de Estudios de la Mujer, FACES, UCV; Divelex (Diversidad e Igualdad a través de la Ley), Contranatura (Grupo de estudio sobre diversidad sexual de la UCV), Unión Afirmativa de Venezuela, Revista Feminista Matea y Casa de Refugio /Inamujer.

Lo que queríamos que se hiciera constitucional era:  pensión para el ama de casa que hubiera estado al menos 25 años al frente de su hogar y no fuera beneficiaria de ningún seguro (aplicación del art. 88 de la Constitución); tribunales de violencia y capacitación feminista de los y las juezas a cargo (previstos en la Ley de Violencia aprobada el 25-11-2006); reconocimiento y protección del matrimonio de dos personas y no sólo de un hombre y una mujer  (modificación de los arts. 75 y 77 de la Constitución); derecho a la obtención de documentos de identificación según el género elegido por el o la transexual  y no por el sexo adjudicado al nacer; derecho a la seguridad social del cónyuge del otro o del mismo sexo; reconocimiento del trabajo sexual como un trabajo con derecho a seguridad social; 50-50% de mujeres y hombres en todas las listas electorales y en todas las directivas de los organismos del Estado (modificación del art. 144 de la Ley O. del Sufragio y la Participación Política); y despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

Concluyo esperanzada –aunque aún sin mayor entusiasmo, lo confieso– en que en el futuro las feministas más jóvenes que han tomado el relevo, puedan relatar a las que vendrán después de ellas que –en continuidad con las experiencias exitosas, es decir unitarias,  de las mujeres venezolanas en la lucha por sus derechos desde 1936— ellas lograron acordar una agenda mínima de trabajo. Muchos grupos mencionados aquí han desaparecido pero algunas de sus integrantes han conformado otros y han surgido nuevas voces cada vez más importantes, como Las Comadres Púrpuras, que  ya han convocado dos conversas antes de ésta y que son –sin lugar a dudas– el grupo feminista que mejor maneja las nuevas tecnologías para comunicar a más gente sus opiniones; el grupo de mujeres de Marea Socialista que lidera Andrea Pacheco, que no deja de hacer piquetes frente a Fiscalía, ANC y ministerios pidiendo que se cumplan las leyes del trabajo, de la seguridad social, de defensa del ecosistema y otras. Recientemente he sabido de la existencia de jovencímas feministas del grupo La berenjena empoderada y aquí he conocido al grupo Welab, a través de una de sus integrantes, una joven que anda en bibicleta en una Caracas hecha sólo para hombres entre 25 y 35 años.  También he visto que todas estas jóvenes que vienen del desencanto de una “revolución bonita” que les prometió demasiado  comienzan a compartir espacios con Feminismo Inc, que lidera Susana Reina, una empresaria que ha logrado introducir una “marca” feminista en la oferta de ideas para el cambio; con Transparencia Venezuela, liderada por Mercedes Freitas, que consiguió el dinero para producir el libro on line 20 mujeres del siglo 20 y de individualidades como la diputada Manuela Bolivar (que coordina la comisión sobre asuntos de la mujer en la AN) y la internacionalista Luisa Kislinger de Mujeres on line, quien junto con Magdymar León (de AVESA, un grupo que ha sobrevivido desde los 80), han elaborado 2 entregas de Mujeres al Límite, un informe sobre la situación crítica de las mujeres más pobres en la crisis económica y social de los últimos años de la que hablábamos al comienzo. Son razones para entusiasmarse, pero a mis años y visto lo visto, me parece que debo moderar el entusiasmo y esperar un tiempo para ver resultados unitarios.

Ya concluyendo es bueno  aclarar que, como siempre ha sido en nuestro país, cada uno de los grupos que conforman al Observatorio, así como los  que apoyan al gobierno e integran la red Araña Feminista (que reúne a 25 grupos de mujeres  chavistas y  que –por cierto– no asistieron a la reunión del 26-10-18, pero sí a las reuniones preparatorias en Ildis, como hizo alguna vez Muderes) son muy pequeños; salvo pocas excepciones, entre 2 y 5 mujeres los conforman. Todos juntos o cada uno por separado son grupos de opinión que transmiten por las redes sus informes, comunicados y artículos sobre asuntos puntuales. Unas y otras suelen montar piquetes frente a las instancias gubernamentales responsables de lo que solicitan o denuncian. Por eso decir que esas redes están conformadas por 40 o 25 grupos no significa que cada asamblea de la alianza no quepa en un salón de clases grande. Nueva prueba de esto es que en ese evento del año pasado que acabo de relatar asistieron 40 mujeres de 20 organizaciones y lo consideramos un éxito atronador después de no coincidir en una misma sala desde 2006. 

Resumo entonces: actuar unitariamente  ha sido  una  buena experiencia en la CONG que se creó el 85,   en la comisión de la ANC que redactó el Capítulo V de la Constitución del 99, en el MAM  el 2005 y en el grupo ese el 2006: grupos pequeños de opinión unidos en la defensa de una reivindicación específica de justicia que – haciendo el lobby correspondiente en los organismos que deciden— ha logrado a veces imponerse y otras hacerse oir por la mayoría conservadora de izquierda y de derecha,  muy cómodas ambas con la desigualdad y la inequidad. No ha sido más que la aplicación de la  lección número 1 de la historia universal de la lucha de las mujeres, que las feministas venezolanas venimos ratificando desde la muerte de J. V. Gómez en diciembre de 1935.

Referencias bibliográficas

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