La interrupción voluntaria del embarazo está estrechamente vinculada a la salud, realizar la interrupción del desarrollo de una gestación en un tiempo prudencial y con métodos seguros, con la mejor información disponible y en condiciones sanitarias salubres, presenta riesgos mínimos para la mujer que lo realice.
Sin embargo, en un país como Venezuela con un marco legal tan restrictivo como nuestro código penal en materia de interrupción voluntaria, relega a las mujeres que deciden dar fin a una gestación no voluntaria, no deseada ni planificada o producto de una violación, a un mercado clandestino de cuchitriles insalubres y dealers de pastillas que ponen en peligro la vida de las mujeres y solo muy pocas se salvan, las menos, las que sí pueden acceder a clínicas privadas y las dosis segura de las pastillas misoprostol y mifepristona.
El aborto ilegal esconde dos realidades: las mujeres que mueren en el intento y las grandes ganancias económicas.
El aborto en condiciones de ilegalidad, expone a las mujeres a una situación de peligro, pues al ser víctima de una mala praxis o violencia de cualquier tipo dentro del consultorio, no pueden denunciar por encontrarse en una situación de ilegalidad, por ende se encuentra desprotegida y su salud general, en riesgo.
Vale recordar que la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo no solo ha sido promovida por las feministas venezolanas, el gremio médico también participó en su momento en la elaboración de una propuesta para despenalizar el aborto en situaciones específicas, veamos:
Para 1981, se celebró la XXXVI Reunión Ordinaria de la Federación Médica Venezolana (FMV) en Maracaibo, Edo. Zulia según la feminista venezolana Teresa Sosa en su artículo en la página Palabra de Mujer (año 2009)[1], por primera en el país la Federación Médica abordaba como ponencia central el aborto en Venezuela al que consideraban un grave problema de salud pública.
La ponencia estuvo fundamentada con los aportes de médicos/as y de quien la presidía Rosendo Castellanos. En dicha asamblea se aprobó la despenalización del aborto en las siguientes: malformación congénita, cuando peligre la vida de la madre, por violación, por incesto.
Además recomendaban la modificación de la legislación vigente por parte del entonces Congreso Nacional, a fin de que se pudiera interrumpir el embarazo legalmente en los casos antes mencionados, y además, se creó una comisión encargada de solicitar al Congreso la revisión del Código Penal para hacer las reformas pertinentes y posteriormente elaborar un anteproyecto de ley que regularice la situación de la mujer en materia de aborto.
En la elaboración de la ponencia colaboraron la abogada Sonia Sgambatti, la psicóloga Elisa Jiménez, la doctora María E. Fernández D’ Empaire, la licenciada Emma Hermoso, la profesora Giovanna Mérola (antes Machado), la licenciada María Teresa Pi Suñer y más.
El debate de esta Asamblea recibió una fuerte arremetida de la Iglesia Católica, que impidió la aprobación solicitada.
Ciertamente, tal y como señala la psicóloga feminista y profesora Magdymar León en su tesis de Maestría: Temas Centrales en el debate sobre el aborto en Venezuela y argumentos teóricos para su despenalización (2012)[1], esta propuesta de la FMV constituyó el primer esfuerzo de despenalizar el aborto en nuestro país, sin embargo, no se constituyó como parte del reconocimiento de los derechos de las mujeres a decidir sobre su embarazo y su cuerpo, sino de ver el aborto como un problema de salud pública, que sin suda lo es, pero es solo un aspecto de la problemática general.
Siguiendo con la dimensión salud, es menester recordar que, para mediados de los años 80, organizaciones dedicadas a la salud sexual y reproductiva crearon centros de atención para dar respuesta a las necesidades de servicios que no eran cubiertos por el Estado, como es el caso de los Círculos Femeninos Populares (creada de manera informal en 1974 y consolidada en los 80), la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA fundada en 1984), el Centro de Investigación Social, Formación y Estudios de la Mujer (CISFEM, fundada en 1989) surgieron como iniciativa de profesionales de la medicina, como es el caso de la Asociación de Planificación Familiar (PLAFAM, fundada en 1986) que pertenece a la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF).
En la actualidad, en Venezuela está establecida la posibilidad de interrumpir un embarazo sólo cuando la vida de la madre corre peligro, sin embargo esta causal no está regida por algún protocolo o mecanismo formal para su ejercicio, por lo que no es tomada en cuenta en gran parte de los centros de salud y la población no está debidamente informada sobre este procedimiento.
En el código penal el aborto está penalizado tanto para la mujer que se lo practique como para quién brinde asistencia médica.
Las mujeres y acompañantes en el proceso de interrupción del embarazo son obligadas a relacionarse con el mercado clandestino de medicamentos, centros de salud precarios e ilegales, sin ningún tipo de información o garantías para la salud de las mujeres y con un gran riesgo derivado de las condiciones de ilegalidad de esta actividad.
Despenalización del aborto, por la libertad de decidir.
Despenalizar la decisión con garantías para la salud y libertad de las mujeres.
Decidir es un derecho.
Despenaliza el derecho a decidir.
[1] https://palabrademujer.wordpress.com/?s=aborto+en+venezuela
[2] León, M (2012) Temas Centrales en el debate sobre el aborto en Venezuela y argumentos teóricos para su despenalización. UCV, Venezuela.
