El activismo en redes sociales ha sido una pieza fundamental en Venezuela para hacer evidente la situación de vulnerabilidad de derechos en la que se encuentra la población. Contamos con el trabajo meticuloso de levantamiento de información a través del monitoreo de medios de comunicación digitales y reportes de familiares a través de sus redes sociales, mediante el Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), Monitor UTOPIX, el activismo del colectivo Uquira y la investigación reciente presentada por Pandemia Silente que recoge información de 21 países de Latinoamérica con la finalidad de contrastar el tratamiento oficial por parte de los Estados en materia de violencia hacia la mujer, arrojando un aporte sustancial al indicar que ni Nicaragua, Puerto Rico, Cuba y Venezuela publican cifras institucionales en esta materia.
https://twitter.com/_CEPAZ/status/1290475090224664576
(Monitor de Femicidios/Julio 2020) Crisis y sanciones debilitan a cualquier estado y deja a mujeres y niñas en total indefensión frente a expresiones de violencia como femicidios, violaciones, acosos, prostitución, y trata. https://t.co/WsQM3wruOR #JusticiaParaTodasLasMujeres pic.twitter.com/ngjTiF4uD6
— utopix (@utopix_cc) August 11, 2020
Todas estas iniciativas se han dado a la tarea de recolectar y publicar información frente al silencio institucional. En el caso venezolano desde el año 2016 no se publican cifras en materia de femicidio, así como otros indicadores, a su vez el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (MinMujer) que es el órgano rector en materia de derechos de la mujeres no ha hecho exigencias públicas formales a las instituciones correspondientes para acelerar los casos que ameritan una pronta justicia, como tampoco ha hecho pronunciamiento frente al vacío comunicacional en lo que corresponde a estos casos, manteniendo a la población en total desamparo informativo como si fuese un “secreto de Estado”, cercenando el derecho a la comunidad del ejercicio de contraloría social y del derecho pleno a estar informada.
Informe anual 2016. Ministerio Público
Por otro lado, existe un servicio de emergencia VEN911 que atiende en materia de violencia. Este es un receptor de denuncia que se enlaza con los cuadrantes de Paz, remiten los casos a Fiscalía y hace seguimiento. Esta ha sido una de las insistencias públicas que la ministra Asia Villegas (MinMujer) ha invitado a la población a que las mujeres denuncien a su agresor y que sepan que no están solas por parte de la institucionalidad, pero esto no ha sido suficiente.
Ha sido una hazaña de distintas organizaciones sociales poner a disposición servicios de atención y funcionar como operadoras telefónicas de los casos de violencia, pero a su vez como puente articulador entre la mujer víctima y las instituciones. Así como existen monitores no oficiales que comunican la situación de femicidios, también existen activistas que se encargan de orientar a las mujeres víctimas de violencia, que a pesar que ya no existen las Casas de Abrigo para salvaguardar la vida de las mujeres, estas organizaciones gestionan el auxilio preventivo buscando crear una red de apoyo inmediato
Tales son los casos de las organizaciones:
- Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA).
- Asociación Civil de Planificación Familiar (PLAFAM).
- Fundación de Asistencia Médica Hospitalaria para los Estudiantes de educación superior (FAMES).
- FundaMOMUMAS (Escuela de Formación Ideológica con Visión de Género “Manuelita Saenz”).
- Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap).
- Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.
- Fundación de Lucha Contra el Cáncer de Mama (Funcamama).
- Centro de Estudios de la Mujer (CEM).
- Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía CODEHCIU.
- HIAS Venezuela.
También es importante destacar que existen organizaciones de base que vienen siendo un apoyo importante frente a la desidia institucional.
- Voluntariado Mayell Hernández (Tinta Violeta)
- Transgresores, colectiva de personas trans.
- Mulier (Zulia)
- Faldas-R.
- Las Comadres Púrpuras.
Aquí suministramos un directorio sobre los servicios activos en tiempos de cuarentena realizado en Alianza CEM-UCV, CEPAZ, FUNDAMUJER, marzo-junio 2020.
¿Qué ha hecho el Ministerio Público?
En Venezuela los organismos administradores de la justicia en el área del Ministerio Público, el Fiscal General Tarek William Saab ofreció el pasado 7 de agosto de 2020 un balance a 3 años de su gestión, indicando que han recibido 11.036 acusaciones en caso de violencia hacia la mujer de las cuales se han efectuado 1.778 personas judicializadas, representando alrededor de un 16% de los casos que en tres años esta institución ha procesado con respuesta efectiva, en otras palabras, el 84% de las denuncias que ha recibido esta institución se encuentran aún en “investigación”, “procesando” o como nos recuerdan muchos casos de mujeres víctimas de violencia en “extravío de expedientes”.
Redes de apoyo para sostenernos frente a la injusticia
En Venezuela existe un espacio que ha sido organizado desde el tesón de muchas compañeras activistas, como lo es #JusticiaParaTodasLasMujeres.
Es importante mencionar el ciberactivismo que Manuela Peréz realiza cotidianamente.
Manuela Pérez
Manuela es la madre de Adriana Urquiola un caso emblemático que impactó a la sociedad venezolana. Adriana era una joven de 28 años de edad, periodista del canal de televisión Venevisión destacada en el área de lenguaje de señas, tenía 5 meses de embarazo fue asesinada el 23 de marzo de 2014 en medio de las protestas violentas que se desarrollaban en Venezuela. Adriana se encontraba en una camionetica por puesto a la altura de la carretera Panamericana sentido hacia Los Teques, la autopista se encontraba con barricadas que imposibilitaba el paso, por lo que el chofer solicitó que desalojaran la unidad de transporte. Es allí cuando el asesino Yonny Bolívar desplazándose en un vehículo 4Runner acciona su arma 14 veces hiriendo en la cabeza a Adriana y en el hombro a Rosalba Pérez Ibañez. Bolívar fue capturado un año después: el 11 de junio de 2015 en la ciudad de Barranquilla, Colombia y presentado ante el Tribunal Sexto de Miranda, Venezuela donde le imputaron homicidio calificado con alevosía.
#23Jun#SeCumplen6AñosY3Meses de la muerte de #AdrianaUrquiolaYSuBB el 23/3/14
— MamáDeAdrianaUrquiola (@manuelita1504) June 23, 2020
Asesino YA SENTENCIADO=27 años y 6 meses
OJO:
Antes Purgaba PENA 24 por SECUESTRO(2006-2030) “pero” ESTABA LIBRE en 2013 por eso MATÓ#QueEstaVezSeHagaJusticia#JusticiaParaAdrianaYSuBB#PazConJusticia pic.twitter.com/3kNk1rPvga
Manuela Pérez es un pilar reconocido como mujer activista que acompaña los casos de femicidios, denunciando por sus redes sociales y manteniendo al día la situación de inoperancia de los órganos receptores de denuncia. Su constancia ha sido clave para el activismo de diversas organizaciones de base para la información actualizada y el acompañamiento a los familiares que exigen justicia en los casos de femicidio.
También es importante destacar, el activismo que ha desempeñado Ketsy Medina hija de Maigualida Sifontes mujer que fue asesinada el 30 de diciembre de 2017 en medio de los preparativos de la fiesta de fin de año.
Ketsy Medina
Este caso en particular ha señalado la forma irregular e impune en que operan los organismos receptores de denuncia ya que en el proceso de investigaciones se “extraviaron las evidencias”. Ketsy Medina informa lo siguiente: Cabe destacar que de este crimen quedaron evidencias irrefutables, la escena quedó grabada por el sistema de cámaras del conjunto residencial, así como el femicida dejó una huella al apoyarse en la camioneta de la pareja, todas estas evidencias fueron colectadas por los expertos del CICPC. No hay imputados en este caso.
La administración de justicia por parte de un Estado y de un gobierno que se declara protector del pueblo, debe ser oportuna y a favor de la verdad. Cero impunidad. Mujeres movilizadas por #JusticiaParaMaigualidaSifontes #JusticiaParaTodasLasMujeres pic.twitter.com/YJV4S9fP8c
— TatuyTv (@TatuyTv) May 22, 2019
A esta lista de familiares que se encuentran organizados exigiendo justicia se suman Yudimar Centeno y familiares del femicidio de Ángela Aguirre que ha visibilizado la grave e imponente corrupción del sistema de justicia venezolano y la consecuente impunidad.
El día 22 de Noviembre representó en el ayer alegría y jubiló, ya que fue el día en que tu naciste hija y con mucho orgullo te llame Angela, mi Angelito Lindo!!
— @black_78 #justiciaparaAngelaAguirre (@black7810180378) November 22, 2019
Ya hoy es un día de mucha tristeza, impotencia y rencor!! Por tu ausencia!! Hija no es un día fácil para tu familia!! pic.twitter.com/qV3FMnOcM8
Justicia para todas las mujeres
Muchos de estos casos que exigen justicia confluyen en #JusticiaParaTodasLasMujeres una campaña que inicia con la intención de articular a los familiares que han sufrido la pérdida producto de un femicidio.
Esta iniciativa, que ya es permanente, nace alrededor del femicidio de Mayell Hernández el 8 de septiembre de 2018, lo que ocurrió con Mayell fue un detonante para organizar las luchas que denuncian la impunidad, la corrupción y silencio por parte de la institucionalidad.
En este espacio se han juntado alrededor de 10 familias que vienen denunciando los casos de femicidio, empoderando a las familias en su lucha y donde las organizaciones de mujeres, feministas, individualidades, periodistas, investigadorxs acompañan, sostienen y cuidan sin infantilizar o revictimizar a las familias, sino, compartiendo herramientas que no pasen por encima de sus exigencias, ni se conviertan en un espacio de captura partidista.
Una campaña que viene haciendo recordatorio de los casos de femicidio de forma mensual y anual por redes sociales, haciendo mención a las cuentas institucionales, mantenido los casos vivos y no queden empapelados en la burocracia.
Un trabajo por mantener visible los casos para que se logre justicia sino también para que la comunidad esté enterada de la organización y del cuidado, buscando sumar a más familias para luchar juntas exigiendo #JusticiaParaTodasLasMujeres
Las familias responsabilizan al Estado venezolano frente a la poca transparencia en el ejercicio de sus funciones, exigiendo la pena máxima, haciendo cada vez más evidente la complicidad del Estado en la falta de respuesta, pérdida de evidencias, tráfico de influencia, omisión, complicidad interna y manipulación de las pruebas.
La desidia institucional ha fortalecido las prácticas judiciales mediadas por los contactos, los sobornos y otras formas de privatización de la justicia, beneficiando a los agresores con la complicidad de instituciones que funcionan cada vez más como mafias acostumbradas a “sacarle provecho” a la impunidad.
