El 26 de marzo de 2019 fue encontrado en la ribera del Río Caroní el cuerpo de Ángela Aguirre, una adolescente de 16 años, después de 3 días de búsqueda a raíz de su desaparición.
La adolescente se encontraba en el Club Ítalo-venezolano de Ciudad Guayana el día 23 de marzo en una fiesta de cumpleaños, en la noche zarpa junto a varios “amigos” en una nave fluvial –sin permiso, debido a que no está permitido el uso de dichas embarcaciones en río abierto después de las 6pm- hacia la Isla Terecaya. En horas de la madrugada regresa la embarcación con todo sus tripulantes de origen, excepto Ángela Aguirre.
Las pruebas del femicidio
La primera versión de la desaparición de Ángela Aguirre que dio el grupo la acompañaba, fue que ella había desaparecido en un momento donde se había quedado sola en la embarcación mientras le buscaban bebidas alcohólicas. Sin embargo la autopsia del cuerpo de la adolescente realizada por el CICPC determinaba la muerte por asfixia mecánica por ahogamiento, además de tener pruebas de abuso sexual por lesiones en las partes íntimas y hematomas producidos por golpes previos a su caída al río.
El 26 de marzo el director del CICPC Douglas Rico, anuncia el cierre del caso y la detención de todo el grupo que estaba en la embarcación con Ángela Aguirre, concluyendo en que su muerte se trataba claramente de un homicidio.
Es importante resaltar que el cuerpo de Ángela Aguirre es encontrado en un sitio lejano a la Isla Terecaya y a contracorriente del río, siendo un indicio de que el cuerpo fue trasladado por sus homicidas y no por la corriente, además la piel parecía contar con cierta conservación, atribuida a un proceso de refrigeración.
El caso pasa al Ministerio Público para determinar las imputaciones y tipificar los delitos de los detenidos, a cargo de la fiscal Emily Hernández. Sin embargo el 29 de marzo se anuncia una nueva autopsia, en donde se confirma otra causa de muerte, pero ya no se habla de homicidio sino de muerte violenta. Se abre la posibilidad de una muerte accidental y se refuta la anterior declaración en donde se aseguraban las pruebas de abuso sexual, determinando que hubo “sexo consensuado”. Esta segunda autopsia fue realizada por expertos del Ministerio Público a cargo de la fiscal Emily Hernández, quién no tomó en cuenta las pruebas de la primera autopsia y empieza a desestimar las acusaciones de homicidio y abuso sexual.
La fiscal interrumpió el velorio para recuperar el cuerpo de la adolescente y someterlo a una segundo autopsia sin ningún motivo ni aprobación de los familiares. Emily Hernández atropella claramente a la familia enlutada, y empieza a ser acusada por diversas organizaciones sociales y periodistas de haber recibido millonarios sobornos para cambiar el curso de la investigación.
La fiscalía contra la justicia
A partir de este momento el caso empieza a ser retrasado y las audiencias diferidas, empezando un proceso denuncia de la familia de Ángela Aguirre para evitar que el caso cayera en las graves estadísticas de impunidad que asolan el país.
Los representantes del Ministerio Público no dieron permiso a la familia para ver el cuerpo de su hija, retrasando el velorio por la segunda autopsia. Sólo un abogado asesor se le fue permitido entrar a la morgue el cual relató que la adolescente no tenía cabello, su piel parecía haber sido “limpiada” con una especie de afeitadora y sus uñas habían sido cortadas, tres indicios para presumir que se estaban borrando las evidencias de los delitos.
Finalmente el 13 de abril, la presión social y el apoyo recibido por diversas organizaciones sociales y por las redes sociales, logró que el caso fuera reasignado a un tribunal con competencia en violencia de género, para finalmente imputar al grupo con el que viajaba Ángela Aguirre de homicidio, abuso sexual, complicidad, omisión al socorro y suministro de sustancias nocivas.
Uno de los elementos que favoreció la presión de la familia de la adolescente, fue la filtración de un audio atribuido a Ángela, en el que se confirma la hipótesis del abuso sexual de parte de un funcionario del CICPC.
A pesar de la primera victoria de la familia de Ángela Aguirre, las irregularidades han seguido en el caso. La fiscal Emily Hernández fue recusada por los abogados de la familia, sin embargo han denunciado que sigue teniendo acceso al expediente y que sigue en funciones a pesar de los evidentes indicios de soborno o encubrimiento de los delitos investigados.
A su vez los detenidos no han sido trasladados a los centros de detención que fueron asignados por el tribunal, estando protegidos en las celdas del CICPC. Los familiares también han denunciado el acoso por parte de miembros del CICPC y el retraso general que se ha presentado en el caso. Con estas denuncias volvieron a protestar en el Palacio de Justicia el 16 de mayo.
Ni Una Menos
Este caso ha evidenciado la aberrante corrupción del sistema de justicia venezolano, en donde con evidencias claras de los delitos, abiertamente se empieza a torcer los procesos regulares de manera impune y frente a los ojos de toda la sociedad venezolana que se ha venido solidarizando con este terrible femicidio.
También se nos presenta como las corruptelas en el sistema de justicia pueden estar detrás de los grandes índices de impunidad. Por otro lado, se trata de una cruenta expresión del crecimiento de casos de violencia de género en el país.
Una realidad de cifras ocultadas por las instituciones pero que se evidencia en los cientos de mujeres que mueren anualmente en el país por violencia de género.
El caso de Ángela Aguirre todavía no ha terminado, al igual que la lucha de sus familiares que siguen presentes para evitar que se imponga la impunidad, una lucha que debemos acompañar y que debe ser un paso hacia la movilización de una sociedad que grita –al igual que en el anterior caso Mayell Hernández– desde una profunda rabia “Ni Una Menos”.
Primera autopsia de Ángela Aguirre
