A medida que avanza las características más notables de la crisis económica (hiperinflación, crisis del sistema de salud, crisis de los servicios básicos, salarios absolutamente insuficientes) se ha desarrollado una gobernabilidad perversa que logra cierta estabilidad a partir de la pauperización de la población.
Mediante bonos, cajas de alimentos y demás mecanismos clientelares, el gobierno ha logrado mantener el control social sobre una población que debido a su precariedad, depende de cualquier mínimo recurso para sobrevivir. Así un sueldo mínimo que no es sino un pequeño fragmento de la canasta básica (que cada día se devalúa más) se convierte en un logro “revolucionario”, un día nos van a pedir que agradezcamos que no se vaya la luz, o que en el CLAP venga un kilo más de arroz. Pero qué hay detrás de esto, nuestro trabajo, nuestra único medio para crear riqueza, ha sido desvalorizado y pulverizado, y la única salida que ofrece es incorporarse en los mecanismos de clientelización, sacarse carnets, inscribirse en listas, esperar la buena voluntad de la clase política para que “regale” uno que otro bono.
Así a punta de decretos, han acabado con lo derechos sociales mínimo establecidos en la Constitución, la Asamblea Constituyente se ha convertido en la máxima expresión de un poder constituido, inapelable, un poder que sólo rinde cuenta a sí mismo, que mira a la sociedad como su propiedad.
Una burocracia que mientras estatiza la sociedad, privatiza el Estado como cualquier otra clase política.
Buscan desaparecer a la clase trabajadora...
Con las últimas medidas salariales el gobierno ahora intenta acabar con uno de los sujetos sociales que estaba empezando a reaccionar frente a la crisis, la clase trabajadora.
El nuevo salario mínimo vino acompañado de una modificación regresiva, exprés y unilateral de todas las tablas salariales del sector público, una reestructuración llevada a cabo sin ningún tipo de acuerdo o negociación con los sindicatos respectivos.
El problema no es directamente los montos que se establecen (absolutamente insuficientes) sino el hecho de que se ha pasado por encima cualquier mínimo reconocimiento formal del mundo sindical, con un par de decretos, el gobierno quiere tratar a la clase trabajadora como un sujeto “beneficiario” sin derecho a siquiera negociar el valor de su propio trabajo. Esta situación nos obliga a intentar superar el discurso reivindicativo y sectorial, pues no se trata de si aumentaron uno u otro porcentaje en este u otro sector, de si el CLAP ahora cuesta más o menos, sino de defender la legitimidad y la existencia del mundo del trabajo y de sus organizaciones, de defender el poder social.
La falsa política
¡La lucha es por la dignidad!
Análisis realizado por el grupo político Variopinto
