La visión y la experiencia internacional fueron el escenario de este tercer encuentro para continuar con nuestro discernir en torno a nuestro derecho a decidir, en torno a nuestro derecho sobre nuestros cuerpos y comienza así este discurrir de la noche con la presencia de invitadas de lujo…
La profesora Isabel Zerpa por el Centro de Estudios de la Mujer (CEM-UCV) da las palabras de apertura, destacando el lujo del panel internacional de la noche a cargo de Lionella Cattalini, Diputada provincial Abogada Argentina, Karina Gregori, Doctora en Ciencias Sociales por FLACSO del El Salvador y Luisa Kislinger Feminista, activista, internacionalista de Venezuela.
"el Estado venezolano ha incumplido sostenidamente en dar respuesta a requerimientos internacionales"
Luisa Kislinger.
Luisa abre este panel destacando que tocará puntos fundamentales del Marco Normativo Internacional y El Aborto en Venezuela, resulta importante resaltar que las condiciones materiales de vida en Venezuela todo el entorno y el contexto normativo restrictivo, que impide a las mujeres el acceso a abortos seguros, hace que las mujeres se vean obligadas a la ejecución de abortos inseguros, aunado a ello los casos de violencia sexual, hacen que todo el contexto se complique.
Los derechos sexuales y reproductivos son derechos reconocidos por los Estados y que están protegidos por distintos instrumentos internacionales, ahora bien, los derechos sexuales y reproductivos también abarcan el derecho a decidir sobre temas relacionados con el propio cuerpo, a la autonomía corporal , y a la autonomía reproductiva , entonces, cuando hablamos de aborto en el marco amplio de los derechos sexuales y reproductivos, se encuentran el derecho a la vida, el derecho a no morir en una interrupción del embarazo practicada de manera insegura, el derechos a la salud y a la atención médica, el derecho a la no discriminación, el momento en el que se nos niega el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, es discriminación , el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad personal, el derecho a la privacidad, lo cual tiene que ver con que el personal médico no comparta información sensible a la mujer, el derecho de las niñas y adolescentes a acceder a una interrupción, y la debida diligencia de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.
Entonces podemos ver que en los tratados internacionales no hay una referencia expresa, ni como derecho, pero tampoco como prohibición, eso es algo importante de tener en cuenta, el acceso al aborto se reconoce además como un derecho esencial para el disfrute efectivo de los derechos humanos de las mujeres, de tal modo que debe ser visto desde la perspectiva más general en derechos humanos, despojada de la tónica moral.
Un tema muy importante en el desarrollo doctrinal y normativo internacional en materia de derechos sexuales y reproductivos y especialmente en materia de aborto, es que, el impedir y penalizar el acceso a servicios de salud que son sólo para mujeres, como en el caso del aborto, es una forma de discriminación en contra de mujeres y niñas.
Sobre este aspecto, para entrar en el caso venezolano, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone en su artículo 23 que los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, tienen rango y jerarquía constitucional, de modo que en aquellos casos que contengan cláusulas más favorables a los ciudadanos que las disposiciones constitucionales, prevalecerá su aplicación, esto explica que el Estado venezolano tiene la obligación de aplicar estos tratados por cuanto tienen carácter preferente en el ordenamiento jurídico interno.
Algunas fuentes de este marco normativo internacional, son: Los Acuerdos Internacionales con sus Órganos de Tratados, los mecanismos de las relatorías especiales y además toda una serie de documentos de política.
La evolución del Sistema universal de DDHH frente al aborto ha evolucionado desde el origen de las situaciones en dónde se requiere despenalizar el aborto, el énfasis del asunto del aborto como un asunto de derechos humanos, y además la posición se ha mantenido en que el acceso a estos servicios tiene que cumplir estándares de derechos humanos porque ello es parte de las obligaciones de los Estados para eliminar la discriminación en contra de las mujeres, para garantizarles el derecho a la salud, como derecho humano también fundamental.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se ha manifestado en el tema del aborto en su Recomendación General 28 (2000) y Recomendación General 36 (2018), ha instado a los Estados ha tomar medidas en materia de aborto, solicitando a los estados que se incluyeran en sus informes generales el tema del aborto y el seguimiento de estas recomendaciones.
Para el año 2015 el Comité para el Seguimiento de las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en las observaciones realizadas al Estado venezolano observó con preocupación que el Código Penal aún criminaliza la interrupción voluntaria del embarazo, lo que lleva a las mujeres a buscar servicios de aborto de manera clandestina que ponen en riesgo su vida y su salud; recomendando al estado venezolano que enmiende su legislación con el fin de establecer excepciones a la prohibición general de todo aborto no terapéutico, y velar por que las mujeres no recurran a abortos clandestinos en condiciones inadecuadas que puedan poner en peligro su vida y su salud. Asimismo, le recomendó que adopte medidas para garantizar la prestación de servicios adecuados de salud sexual y reproductiva.
De manera que para el caso venezolano se han hecho observaciones específicas sobre el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, y la flexibilización de la norma penal vigente.
Por su parte, para 2007 y 2015, el Comité para el seguimiento del cumplimiento de La Convención de los Derechos del Niño, observó e instó al estado venezolano a revisar su legislación, especialmente para incorporar causales, velar por el interés superior de las adolescentes y garantizar atención post aborto. Hay que destacar que la línea evolutiva en la interpretación de la Convención, se ha mantenido justamente en aceptar la despenalización del aborto y la flexibilización de la norma en relación al aborto.
El Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales en su Observación General N° 22 del año 2016 referido al Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, hizo un reconocimiento general a la obligación de los Estados a: flexibilizar o reformar las leyes contra el aborto, garantizar el acceso a servicios de aborto sin riesgo y atención post aborto. Exigiendo a los Estados respetar el derecho de las mujeres a adoptar decisiones autónomas sobre su salud sexual y reproductiva. Asimismo, los instó a reconocer que la penalización del aborto o la existencia de leyes restrictivas de estos derechos, constituyen obstáculos a la autonomía y derecho de las mujeres a la igualdad y discriminación en el disfrute de sus derechos, especialmente en los derechos sexuales y reproductivos.
LA CEDAW (Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer) en su Recomendación General 24 (1999) exigió a los Estados a enmendar leyes que penalizan el aborto para evitar medidas punitivas impuestas a mujeres que hayan abortado, posteriormente en su Recomendación General 35 (2017) dispuso que la continuación forzada del embarazo, la penalización, denegación o postergación del aborto sin riesgo o de la atención posterior del aborto, son violaciones al derecho a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos, y configuran formas de violencia en razón del género y que según las circunstancias, pueden constituirse en formas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Por lo que respecta a Venezuela, la CEDAW le ha señalado la preocupación del mantenimiento de la penalización del aborto, lo cual obliga a las mujeres a acudir a abortos clandestinos que perjudican su salud. El Estado venezolano en 2018 le presentó a la CEDAW que el tema del aborto estaba incluido en la agenda legislativa de la Asamblea Nacional Constituyente, sin embargo, los datos no fueron concluyentes de resultados por parte del Estado en esa materia, de manera que el Comité concluyó que el Estado venezolano no implementó las recomendaciones que ya se le habían indicado.
En cuanto a documentos de políticas, quería hacer referencia a El Programa de Acción del El Cairo (1994) y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995), si bien no son compromisos firmes de los estados, son más bien instrumentos contentivos de estándares internacionales, también me parece resaltante señalarlos en esta ocasión.
Lo que si es cierto es que el estado venezolano ha incumplido sostenidamente en dar respuesta a estos requerimientos internacionales en materia de salud sexual y reproductiva, la posición constante e histórica ha sido la negativa en dar respuesta a estos instrumentos internacionales.
"Es importante seguir en el proceso investigativo y de acción para explicar y comprender lo que está sucediendo en nuestros países"
Karina Gregori.
Compartiré con ustedes la experiencia de lucha en El Salvador por la despenalización del aborto, en este sentido me referiré a los antecedentes, así como también la importancia y la incidencia que desde las luchas de las mujeres es lo que ha ido generando las demandas en derechos de salud sexual y reproductivos.
Es importante destacar en principio que, en el Salvador durante el año 2020, 494 niñas entre 10 y 14 años enfrentaron un embarazo forzado. Desde los años 90s las Alianzas Ciudadanas por los Derechos de las Mujeres han promovido las iniciativas para el reconocimiento de los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, a la fecha en El Salvador contamos con tres iniciativas de Ley que proponen despenalizar de 2 a 4 causales de aborto, a partir del año 1997 en El Salvador se hace una reforma del Código Penal y a partir de ese momento se prohíbe totalmente la práctica del aborto. Desde este cambio en el marco normativo observamos la criminalización del aborto en el país.
En el momento actual, seguimos una tendencia bastante conservadora, con oposición al aborto mediante una alianza entre el Estado y la iglesia. Tenemos un marco en donde se mantiene esa tendencia en la gestión actual de gobierno de conservar esa agenda conservadora.
Es importante el abordaje de esta problemática desde la interseccionalidad, en donde consideremos que esta situación afecta no solo desde las desigualdades de sexo, sino también de clase.
Hemos observado cómo la violencia obstétrica afecta especialmente a la población femenina de escasos recursos, en ambientes de ruralidad y de bajo nivel educativo, estas problemáticas necesitan de un abordaje que sea integral, considerando que esta población enfrenta mayor vulnerabilidad en término social, afectando la calidad de vida de las mujeres, y tal y como lo vimos en la presentación anterior , afecta una serie de derechos , a la vida a la salud , a la libertad de decidir sobre su cuerpo.
Es importante destacar la importancia de resaltar el tema de la violencia simbólica, la misoginia, que menosprecia e invalida los planteamientos y necesidades de las mujeres, de tal modo que la naturalización de ese tipo de violencia le impide a las mujeres e influye negativamente cuando acuden al acceso a la justicia, tanto a nivel institucional como a nivel estructural, no son atendidas como corresponde precisamente por ese trasfondo ideológico que es cultural y que permea hacia la atención en las instituciones, de manera que este aspecto es resaltante desde el punto de vista de la visión dentro del marco de las políticas públicas.
Ahora bien, qué sucede en El Salvador en esta lucha en la actualidad, El Salvador es uno de los pocos países en el mundo con una de las leyes más restrictivas con respecto al aborto, de manera que la lucha por la despenalización ha incluido 4 principales causales, cuando la salud de las mujeres esté en peligro, cuando existan malformaciones en el feto cuya vida sea inviable fuera del útero, cuando el embarazo sea consecuencia de violencia sexual o trata de personas, cuando sea en casos de violación de menores de edad o estupro.
Esta lucha se ha impulsado desde organizaciones ciudadanas, como la Organización Ciudadana por la Despenalización del Aborto, así como también diversas organizaciones feministas que han incidido en la promoción de la liberación de mujeres procesadas penalmente de hasta 40 años por abortar. Se ha avanzado con ello en la prevención de que más mujeres vayan a prisión, pero también en la gestión de la libertad de mujeres procesadas y condenadas. Lo otro ha sido también el acercamiento al personal de salud para su sensibilización, así como también la orientación para el fortalecimiento institucional para que el sistema judicial tenga una respuesta distinta.
Respecto a los avances, habría que decir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos siguió un juicio al estado salvadoreño por el caso de Manuela, una mujer criminalizada luego de sufrir una emergencia obstétrica, el seguimiento de la iniciativa de la campaña aborto por la vida de la Colectiva Feminista, otros avances han sido la visibilización de esta problemática a través de la movilización a nivel social, el abordaje de los estudios feministas en la región y además la instalación de esta lucha en la agenda legislativa para el avance de este proceso, la lucha se ha ampliado a nivel latinoamericano a través de la marea verde que ha llegado a espacios de reconocimiento para respaldar esta lucha.
En el contexto actual estamos en un proceso de retroceso, en un claro ejercicio autoritario del poder mediante un retroceso democrático, desaparición de instituciones de protección de derechos humanos, el militarismo en ascenso, a través de un giro a fundamentalismos mediante ese pacto con la iglesia a nivel institucional, el incremento de desapariciones de mujeres, persecución a defensores de derechos humanos y periodistas violando derechos de acceso a la información, un claro retroceso en los espacios políticos para las mujeres y sus luchas y el aumento de violencias contra las mujeres en el contexto de la pandemia.
Esta hegemonía patriarcal genera una violencia estructural y simbólica que impide la construcción de políticas sociales y de gestión pública, con la ausencia de una educación integral en materia de salud sexual y reproductiva tanto en los sistemas educativos como en la promoción de ello a través de los medios de comunicación social, producto de este mismo pacto con la iglesia desde los años 90 limitando acceso a salud sexual y reproductiva.
Es importante seguir en el proceso investigativo y de acción para explicar y comprender lo que está sucediendo en nuestros países, para visibilizar la problemática y sensibilizar a la población para superar esta situación de subordinación, lo cual implica una labor de acción a través de la academia militante. Esta lucha se sostiene en este contexto de pandemia, en la búsqueda de autonomía por el derecho a decidir, posicionar la lucha por el aborto por causales y en la defensa de los derechos de salud sexual y reproductivos.
"Para el 2015 el movimiento estalla a consecuencia de un femicidio de una niña, y esto nos unió al movimiento de mujeres argentino"
Lionela Cattalini
La experiencia argentina comenzó hace mucho tiempo, pero tuvo una explosión y visibilización que ha logrado expandirse en América Latina, lo cual es un gran orgullo pertenecer a esta marea que lucha por una agenda de género, por una agenda inclusiva fundamentalmente para las mujeres como sujetas de derechos.
El tema del aborto cobra una vital importancia porque los fundamentos teóricos y políticos acerca de la necesariedad de que el aborto requiere ser legislado ya lo han expresado ampliamente las compañeras a lo largo de sus exposiciones, ahora lo que se necesita seguir resaltando , es que las mujeres seguimos siendo discriminadas en nuestros lugares de trabajo, seguimos cobrando menos sueldos por igual tarea , seguimos siendo las que sufrimos mayor violencia de género en homicidios en todo el mundo y fundamentalmente en Latinoamérica, las mujeres nos seguimos haciendo cargo de los cuidados de niños, y niñas, de los ancianos y de las tareas del hogar en todas partes del mundo las mujeres seguimos siendo discriminadas, las mujeres fundamentalmente no somos libres en casi ningún país del mundo al no tener autonomía sobre nuestros cuerpos.
Necesitamos la verdadera soberanía sobre nuestros cuerpos, esa es la liberación total, para ello es imprescindible que avancemos en las luchas, que avancemos en la calle y que en todos los países del mundo esté regulado el aborto porque eso significa la liberación total de nuestros cuerpos y la plena autonomía sobre ellos, cuando eso pase las mujeres estaremos en igualdad de condiciones para decidir.
La experiencia argentina ha sido de mucha coordinación, el incremento de las muertes en argentina por las prácticas de abortos en condiciones inseguras, se empezó con la campaña nacional de las mujeres por el derecho al aborto, a decidir sobre sus propios cuerpos, que comenzó en Buenos Aires y que logró expandirse en el resto de las provincias, y la existencia de la red de socorristas que se encargaron de hacer acompañamiento a las mujeres que decidían hacerse cargo de sus proyectos de vida, para el 2012 se logró a nivel judicial un fallo emblemático para la Argentina de la Corte Suprema de Justicia que amplió las disposiciones del Código Penal Argentino que data de 1921, mediante el cual se dispuso que cada mujer víctima de una violación tenía derecho a decidir gestar o no, y de ahí en todo el país se redimensionaron los protocolos de atención. Esto influyó a visibilizar al aborto y sus efectos.
De manera que automáticamente se empezó a tejer una red de salud pública, y desde el 2010 en adelante se han evitado las muertes por abortos practicados de manera insegura, esto significó un cambio de paradigma y a repetirse en las demás provincias, sin embargo, siguen las prácticas inseguras y siguen existiendo niñas obligadas a gestar sin su consentimiento. Para el 2015 el movimiento estalla a consecuencia de un femicidio de una niña, y esto nos unió al movimiento de mujeres argentino, entendiendo que a pesar de las diferencias políticas y las distintas banderas, es necesaria la unión para tener una verdadera agenda de género, diversa y activa, con resultados concretos. En el 2018, los proyectos de aborto legal fueron revisados, pero no se logró la sanción de la Ley por las influencias de los movimientos de la iglesia pro vida, eso para nosotras fue un impulso y en el año 2020 volvimos a la calle, volvimos a los legisladores, contamos con el aval de los principales partidos políticos, no era el proyecto que todas esperábamos, pero era el primer paso para esta lucha. A partir del 14 de enero del 2020 en la argentina el aborto voluntario es legal dentro de las 14 semanas de embarazo.
Tenemos que buscar que en toda América Latina se repita esta experiencia a través de la unión, de la conformación de estas redes, unidas, tomando la calle, siendo sororas entre nosotras, el mayor logro no fue la ley, el mayor logro fue haber despenalizado socialmente el aborto, hacerles entender sobretodo a muchos varones del porqué teníamos que tener los mismos derechos, la solidaridad con nosotras mismas. Es el comienzo, es necesario mejorar esta Ley, en la Argentina siguen incrementándose los casos de violencia de genero y creo que aún nos quedan muchas luchas por librar.
