Cada año desde la década de los ´90 en Latinoamérica y otras partes del mundo, las mujeres nos congregamos para exigir el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra reproducción y nuestra sexualidad así como el derecho a la maternidad deseada y no forzada y denunciar la terrible realidad de los abortos inseguros que se traducen en muertes maternas evitables.
El aborto voluntario es la interrupción del embarazo de manera voluntaria antes de la semana 22. Muchas mujeres en el mundo abortan, es el último recurso que tienen para detener el desarrollo de un embarazo no buscado, no planeado, no deseado o que no pueden continuar. Cuando es ilegal, pocas mujeres lo hacen de manera más segura, las que tienen mayores recursos económicos, mientras que las más desfavorecidas pueden morir en el intento o su salud puede quedar afectada, es por ello que el aborto ilegal e inseguro es un problema de salud pública.
En el contexto actual de la pandemia ocasionada por el Covid19, nos encontramos más vulnerables, ya que la medida de confinamiento se ejecutó sin la articulación con políticas públicas de protección para las mujeres. La cuarentena influyó en el incremento de la violencia doméstica: se incrementaron los femicidios, la violencia psicológica, verbal, física y la violencia sexual, ésta última genera embarazos no deseados lo que se traduce en maternidades forzadas o abortos inseguros en países como el nuestro donde interrumpir un embarazo de manera voluntaria es restringido.
Cabe destacar que el Covid 19 llega a Venezuela, en plena emergencia humanitaria compleja, provocada por una crisis generalizada sin precedentes en lo económico, político, social, institucional, donde la salud de la población se encuentra desprotegida y sin garantías debido a la crisis hospitalaria, la ausencia de insumos, escasez de medicamentos, la escasez del personal de salud debido a la diáspora y la pauperización del salario, porque ganar de 2 a 3$ mensuales menoscaba la calidad de vida del personal de salud, y por ende, la calidad de los servicios de atención que también se ha visto en detrimento por las fallas de luz, escasez de agua y falta de mantenimiento en las instalaciones.
Asimismo, ante la escasez de métodos anticonceptivos, la ausencia de una educación sexual integral en todos los niveles de educación formal, la satanización de las relaciones sexuales, las dificultades para acceder a métodos anticonceptivos -porque no hay y los pocos que hay son muy costosos- y el mandato de la maternidad a toda costa, deja desprovistas a las mujeres del derecho a decidir el momento cuándo ser madres.
La violación del derecho a la información debido al silencio estadístico impide ver la gravedad de la situación en la que se encuentran los derechos reproductivos y derechos sexuales de las mujeres venezolanas, no hay divulgación de cifras de embarazos adolescentes, abortos y mortalidad materna por parte de los organismos gubernamentales, por lo que algunas organizaciones de la sociedad civil se han dado a la tarea de aproximarse a la realidad y brindarnos datos sobre la situación crítica en la que nos encontramos.
Según un estudio realizado en agosto del 2018 por AVESA[1] en 3 maternidades de las regiones capital y central del país:
- Los anticonceptivos mayormente usados en Venezuela son las pastillas anticonceptivas, dispositivos intrauterinos y anticonceptivos inyectables, las mismas se presentan índices de escasez mayor al 80%.
- Otros métodos como los parches, aros vaginales e implantes están ausentes del mercado, en presentando un índice de escasez del 100%.
- Aunque los preservativos masculinos o condones presentan un 63% de índice de escasez, vale recordar que la crisis económica dada por una hiperinflación sin precedentes ha incrementado los precios de manera que se hace inaccesibles para la mayoría de la población sobre todo la más joven.
- Se registraron 5 muertes maternas, 3 en el hospital Victorino Santaella de los Teques, estado Miranda y 2 en la Maternidad Concepción Palacios en el Distrito Capital. De estas muertes, el 80% fueron ocasionadas por hipertensión gestacional y en 20% por otras causas.
- El total de las muertes maternas fue de mujeres adultas, mayores de 18 años.
- El 26% de partos reportados fueron de madres adolescentes, recordemos que los datos oficiales más recientes que datan del año 2012, los bebés nacidos vivos de madres adolescentes alcanzaron un 22% a nivel nacional.
- En las tres instituciones hospitalarias se registraron 340 abortos, de los cuales 336 fueron abortos espontáneos y sólo 4 inducidos, con un promedio de 10 a 11 abortos diarios.
En otra investigación realizada por Mujeres al Límite (2019)[2] se encontró que en 3 centros hospitalarios del estado Carabobo se registró que el 69% de los abortos atendidos correspondió a pacientes mayores de 18 años, mientras que el 31% correspondió a adolescentes menores de 18 años, se registraron también 4 abortos en niñas menores de 12 años, tales casos pudiera tratarse de violencia sexual. Una realidad verdaderamente alarmante.
Es importante destacar que el Boletín Epidemiológico del 2016 publicado por el Ministerio del poder popular para la salud reportó un incremento de muertes maternas de un 65,79%, para ese año se produjeron 756 muertes maternas, hubo un incremento considerable con respecto al año anterior.
La legalización del aborto no aumenta su práctica, las mujeres abortan aunque sea ilegal lo que se quiere es que se regule su práctica y se den las condiciones de protección, información y asistencia a las mujeres que se enfrentan a un embarazo no deseado que no quiere continuar y cuya salida es la interrupción del mismo. Mientras más y mejores condiciones existan para la atención de las mujeres en momentos de vulnerabilidad como el embarazo y la interrupción voluntaria menos riesgo de muertes, menos maternidades forzadas, menos hijos/as indeseados, menos abortos inseguros.
La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujer (CEDAW) reconoce que la continuación forzada del embarazo, la penalización, denegación o postergación del aborto o de la atención posterior, constituyen violaciones de DDHH.
En Venezuela, tiene una legislación en materia de aborto data de 1915 y es una de las legislaciones restrictivas en la región, pero la restricción no disminuye la práctica de aborto, solo expone a las mujeres que a un alto grado de vulnerabilidad, ya que lo hacen de manera clandestina e insegura poniendo en riesgo su salud y su vida.
En este sentido, podemos decir que:
- La maternidad forzada es una violación de los derechos humanos de las mujeres y en nuestro país es una violación al derecho constitucional a decidir la maternidad, el número de descendencia y el intervalo de ella.
- No todos los embarazos son planificados, queridos o deseados. Un embarazo puede ocurrir incluso cuando una mujer está utilizando métodos anticonceptivos, pues ningún método en 100% efectivo o puede ocurrir producto de una violación, en contra de su voluntad.
- La maternidad es una elección de vida no es una obligación. No todas las mujeres quieren ser madres o no cuentan con las condiciones para serlo en ese momento. La maternidad como destino es una imposición cultural producto del patriarcado, tener un útero no te hace madre, te da la potencialidad para serlo, pero la decisión debe ser de la mujer.
- Cuando el aborto es realizado de forma segura en condiciones de legalidad, el riesgo es casi inexistente. Si el aborto se práctica de forma clandestina en condiciones de insalubridad se incrementan los riesgos de complicaciones como: hemorragias, infecciones, sepsias, necrosis en el útero, infertilidad e inclusive la muerte. Pero si se hace en condiciones adecuadas y legales se le garantiza a las mujeres el derecho a la salud y a la vida.
Es por ello que este año 2020 en un momento histórico para la humanidad como lo es la pandemia y en una situación de emergencia humanitaria compleja que se vive en Venezuela, Las Comadres Púrpuras una vez más alzamos las voces, no nos quedamos calladas frente a las injusticas, nos rebelamos frente a los mandatos patriarcales y reivindicamos este día 28 de Septiembre la urgente necesidad de:
- Abrir el debate en la sociedad venezolana, que sirva para desmitificar su práctica, desestigmatizar a las mujeres y brindar información certera que permita transformar las falsas creencias y prejuicios que se tiene sobre el tema.
- Luchar y exigir la ampliación de las causales de aborto para reducir los procedimientos clandestinos e inseguros y disminuir la criminalización de mujeres por decidir interrumpir su embarazo.
- Promover acciones políticas que permitan articularnos desde los movimientos y organizaciones sociales para exigir la atención inmediata a la cruda realidad del aborto en nuestro país y la garantía de nuestros derechos sexuales y reproductivos.
- Exigir la atención de salud sexual y salud reproductiva de las mujeres en edades cada vez más tempranas de manera que cuenten con información que les permita tomar decisiones oportunas.
Porque las mujeres venezolanas exigimos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo
Tenemos el derecho a decidir si queremos ser madres o cuándo serlo
Es mi cuerpo, mi vida, mi decisión.
La maternidad será deseada o no será
Despenalización del aborto Ya
Abramos el debate
[1]https://avesa.blog/2019/02/25/algunos-datos-sobre-la-mortalidad-materna-embarazos-adolescentes-y-abortos-en-tres-hospitales-de-la-region-central-del-pais/
[2] https://avesawordpress.files.wordpress.com/2019/05/mujeres_limite_a4web.pdf
