Después de varios años de una crisis total, la economía y toda la sociedad venezolana ha cambiado. Nuestra dinámica diaria, las condiciones de vida e incluso la forma en que se organiza el trabajo, la economía y la vida se han degenerado de manera evidente. Sin embargo al final del año 2019 se empieza a expresar una tendencia, que en medio de la precariedad de la sociedad venezolana, logra expresar cierta estabilización con fenómenos como la dolarización informal o incluso el aumento progresivo de las remesas en los ingresos de la población. De alguna forma el madurismo ha generado una situación distinta a la del chavismo en progresiva degeneración, el país ha cambiado estructuralmente con la crisis general que lo atraviesa desde hace más de 3 años. El año 2019 ha significado un replanteamiento de los mecanismo de gobernabilidad, del pacto social, que a partir de la precariedad general ha logrado imponerse sobre todo el espacio social, reconfigurando la dinámica y los rostros del poder y la acumulación.
Durante varios años el conflicto social ha sido capturado totalmente por una polarización política marcada por un descontento general anti-gubernamental, pero también por la fragmentación de los partidos tradicionales de oposición sobre todo a partir de la cada vez más desgastada dinámica de la polarización tanto en sus variantes más confrontativas, como en los momentos de diálogo. Una polarización que funciona como la tensión entre grupos de poder, en lugar de expresar el descontento social o de representar los intereses mayoritarios de la población. En este sentido los partidos del gobierno y la oposición administran gran parte de las organizaciones sociales y funcionan como grupos de control y mediación del conflicto social, excluyendo cualquier tipo de formación autónoma que pueda ejercer una representación orgánica y propia del descontento social.
Del rentismo al gobierno/capital mafioso
Al centralizar la administración de los ingresos petroleros en el Estado, nuestra economía rentista también centralizó los principales procesos de acumulación de capital en torno a la administración pública y los contratos y presupuestos fundamentales. Es decir convirtió a la burocracia estatal y su relación con ciertos circuitos empresariales, en comandos para el saqueo constante de la renta, transformando la política en un mecanismo de acumulación, en la base de la dinámica económica y como espacio para la regeneración de nuevos grupos económicos.
Se trata de un proceso que degeneró a la clase política de una burocracia estatal a grupos de acumulación que utilizan todo los mecanismos posibles, en donde se conjuga tanto la economía legal como la corrupción. Se abre la formación de un empresariado –y de una clase política- que son parte del capital proveniente de la corrupción y el desfalco, y que además parece asociarse al narcotráfico, al régimen de pranatos instalados a nivel nacional y a toda una estructura para-institucional construida sobre la base de lo que llamamos un capitalismo mafioso.
Cuando el país entra en crisis entre los años 2014-2015, el sistema ya sobresaturado de corrupción y de redes de desfalco continuado de la renta, empezó un proceso de descomposición que ha convertido al Estado en el centro administrativo y político de una forma de organización mafiosa, que ya no pueden garantizar el mismo volumen de inversión social en función de mantener sus ganancias y procesos de desfalco. Por otro lado la oposición se compone de grupos que varían entre los más excluidos de la acumulación por la clase política madurista y otros que mantienen vínculos empresariales con el Estado, que se corresponden con los partidos políticos sobre los cuales también se construyen las variadas (y fracasadas) experiencias de diálogo.
El gobierno ha logrado estabilizarse y mantener el control del poder y de la sociedad en general bajo una reestructuración de la forma de gobierno, abriendo paso a una dinámica mafiosa que lo sustenta y que es completamente irreconocible en los mínimos principios y mecanismos institucionales que se establecieron en la Constitución de 1999.
El gobierno se transformó en la forma política de un conjunto de mafias –en distintas medidas de cooperación y conflicto- que se organizan para el desfalco de cada presupuesto del Estado, pero que también conviven o co-gobiernan con las redes criminales que atraviesan el país desde el Arco Minero hasta en el centro del país. Por ello es un gobierno que desarrolló una práctica para-institucional, tanto a nivel de organismos del estado como el paralelismo AN/ANC hasta a niveles represivos en donde dicho ejercicio es protagonizado por grupos armados para-institucionales que actúan junto a los órganos propios del madurismo como el FAES, el Conas, el DGCIM o demás cuerpos represivos renovados o creados durante la gestión de Maduro.
Esta forma de consolidar cierta hegemonía y control político, también se refleja en el movimiento social, en el caso de los paralelismos burocráticos a organizaciones de diferentes movimientos sociales, así como en la manipulación, prohibición o intervención en elecciones sindicales, u otro tipo de organizaciones sociales. Son nuevas formas de relaciones políticas y económicas en donde el principio de legitimidad democrática es reducido totalmente, y una nueva lógica de gobierno mafioso/estatista se va sobreponiendo a la sociedad, va colonizando cada relación social, agregándolas a una máquina clientelar que sustituye la democracia o la participación social por el chantaje y la dependencia del Estado como mecanismo de gobierno, como lo ejemplifican claramente políticas como el CLAP.
Clientelismo, miseria y represión: la gobernabilidad madurista
Cuando el gobierno desarrolla su forma de gobierno y de control general de la sociedad, el problema electoral-democrático es sólo la última consecuencia de todo un proceso que reproduce el efecto económico del rentismo en términos políticos. Mientras la entrada de la renta petrolera produce un efecto de dependencia de todo el sistema económico que luego lo degenera, el rentismo político es la constitución de una clase política que se desarrolla a partir del clientelismo y la expansión del gasto social con el gran excedente rentista, es una clase política que constituye su legitimidad mediante la ejecución de mecanismos clientelares de redistribución de la renta. El gobierno funda su relación de poder en relaciones de dependencia de la sociedad a la administración de los recursos. Una relación de dependencia que logra vulnerar la autonomía social, que mediante el control social le ha permitido la reducción del nivel de vida de la población a la miseria general, mediante una desvalorización histórica del trabajo.
Esta gobernabilidad que ha propiciado la crisis del proceso bolivariano y el rentismo, tiene una vena claramente autoritaria, por lo que las figuras militares se han vuelto protagónicas dentro de la administración estatal. Se constituyó una relación de poder autoritaria y violenta, como es la relación patriarcal que se forma detrás de la apariencia clientelar entre el Estado y la sociedad. El Estado se convierte en el padre sustituto de toda la sociedad, es el que le “da de comer” a cada familia a cambio de mantener integrado a cada individuo a una relación de dependencia económica, a una relación de poder. Constituye las bases del pacto social a partir del chantaje clientelar como sustituto de la legitimidad democrática.
La miseria general no sólo se expresa en la reducción radical del valor de los salarios en general, sino también en la precariedad en la que se organiza la vida, en el intento del gobierno de reducir el cuerpo social a objetos desechables para el engranaje de la máquina de pauperización social en la que se ha convertido el Estado. En este sentido el madurismo parece identificarse en las distopías totalitarias en donde la sociedad es reducida a un conjunto de partes de una máquina Estatal que dispone de cada persona como objetos a manipular, al mismo tiempo que despliega un control total en los medios de comunicación y en la represión a las disidencias que pudieran incomodarlo.
Aquí la relación entre la forma de gobernar de la actual clase política y la de grupos criminales es clara, al mantener un control social sobre una redistribución mínima de un gran excedente que es apropiado de manera unilateral por el grupo en el poder, a medida que impone un control represivo sobre la sociedad. En la crisis del rentismo el gobierno se ha convertido en el espacio de encuentro de los capitales mafiosos de toda índole, desde los grandes contratos de corrupción con empresarios privados hasta en la alianza con grupos criminales y el ejercicio de una gobernabilidad para-institucional. En este sentido, más que a un gobierno, nos enfrentamos a una forma de gobernar, que puede incluso reproducirse en una transición que lleve a la oposición partidista tradicional al poder, es una forma que se expande en cierta medida hacia toda la clase política en ambos espacios de la polarización.
2019: Reestructuración mafiosa y quiebre de la oposición partidista
Después de haber sido derrotadas las movilizaciones del 2017, el año comenzó con un nuevo intento de movilización de la oposición reunida en la Asamblea Nacional sobre la base del desconocimiento del gobierno y el intento de legitimación de un “gobierno paralelo” que siendo reconocido por un importante número de países –aunque sin una capacidad de gestión real- intentó unificarse sobre la esperanza de una “presión internacional» que finalmente decantara en una acción externa que le diera el golpe final al gobierno. Sin embargo a medida que pasaban los primeros meses, la presión internacional no parecía conducir a una acción de fuerza más allá de las sanciones económicas, hasta que finalmente el 30 de abril terminan de fracasar los esfuerzos por consolidar la ruptura de las instituciones que legitiman al gobierno nacional: fuerza armada y TSJ. El gobierno administra su victoria alentando cierta estabilización económica y una reducción parcial de la hiperinflación mediante la dolarización informal de la economía nacional, generando cierta estabilidad pero sin mejorar la situación real de la población, que más bien parece degenerarse más cada día.
Después del fracaso de la estrategia del “gobierno paralelo con apoyo internacional” la oposición entró en un ciclo de derrotas tanto por acción del gobierno como por su propias decisiones. Primero el gobierno constituye una mesa de diálogo con sectores muy minoritarios de la oposición que no cuentan con ninguna fuerza real, personajes organizados en partidos de maletín (legalizados y reconocidos de manera exprés después de que el CNE había generado múltiples obstáculos para la constitución de organizaciones políticas) aparecen en la televisión gubernamental para hablar de soluciones negociadas que conduzcan a la legitimación de los próximos escenarios electorales. Luego finalmente la oposición mayoritaria cae en una serie de acusaciones cruzadas de corrupción a partir del manejo de los fondos destinados a la ayuda humanitaria que había gestionado su gobierno virtual. Estas acusaciones se extienden a personajes que desde la oposición política estaban vinculados en casos de corrupción con miembros de la administración gubernamental, casos que recuerdan ya viejos escándalos como las acusaciones de corrupción en la importación de equipos para el sistema eléctrico nacional que vinculaba tanto al gobierno como a miembros cercanos a figuras políticas del partido AD.
Cuando intentamos descubrir la dinámica interna del poder, nos encontramos con militares, corruptos, partidos, etc, pero hay algo que entrelaza a todos estos sujetos, pues no se trata de sólo un gobierno militar, del PSUV (o del G4 en el caso del gobierno virtual de la oposición) o de la camarilla de corruptos instalada en la administración pública. Aunque participan todos estos sujetos en la constitución de la gobernabilidad actual, el espacio en donde se encuentra no es el cuartel, el Estado, o las oficinas partidistas, todos estos espacios son subsidiarios de una dinámica central, que es la dinámica mafiosa que se ha instalado en el país. La gobernabilidad del país se constituye a través de la distribución mafiosa de capital, corrompiendo cada espacio social, fundamentalmente los espacios que podrían generar movimientos sociales y políticos adversos al gobierno. Después de más de 3 años de una crisis general de dimensiones históricas, el gobierno increíblemente cierra el año 2019 con cierta estabilidad y con la promesa de transitar procesos electorales negociados que no alteren su posición. Para lograr esto, se ha reestructurado, ha encadenado relaciones que desde la distribución mafiosa de recursos, logran integrar en su sistema de gobernabilidad a todas las fuerzas políticas y sociales del país, es un gobierno que incluye desde el alto mando militar, hasta las fuerzas paramilitares que gobiernan en las zonas mineras, que ha descompuestos a la oposición mayoritaria al mismo tiempo que crea una oposición ficticia dispuesta a legitimarlo. La corrupción parece ser la fuerza transversal que gobierna el país y toda la clase política que juega en el tablero de la polarización es parte mayor o menor del festín mafioso que mantiene al resto de la población en condiciones de miseria generalizada.
Para conservar el poder, la clase política gobernante ha mutado en una red de equilibrios mafiosos que no sólo mantiene el control del país, sino que además reacciona con una violencia total contra todo lo que queda por fuera de su red clientelar. Ya sea mediante la pulverización del salario de los trabajadores, bajo la violencia asesina en el Arco Minero del Orinoco o bajo la represión y tortura selectiva de cuerpos como el FAES o el DGCIM. Incluso estos cuerpos policiales y militares en su accionar se parecen más a fuerzas paramilitares que a las policías políticas de las dictaduras del siglo XX. Es en este sentido que decimos que detrás del poder se ha constituido un sistema mafioso que rige la gobernabilidad del país.
Detrás del desbaratamiento de la oposición mediante los escándalos de corrupción se puede esconder un fenómeno peligroso, la frustración de la base política y social de este sector –fundamentalmente la clase media, aunque no de manera exclusiva- puede aupar el surgimiento de tendencias que –a la par del auge mundial de movimiento reaccionarios y populistas, relacionados con las iglesias evangélicas en el caso latinoamericano- se opongan a ambos bandos políticos pero de manera favorable a intervenciones militares de diferentes tipos que sustituyan cualquier tipo de movimiento social o popular y que rechacen cualquier mecanismo democrático como principio de una fuerza política antagónica a las fuerzas política gobernantes. Un escenario en donde el resentimiento y la frustración puede generar enfrentamientos entre sectores políticos que sólo terminarían fortaleciendo la violencia mafiosa y que terminarían de desplazar la posibilidad de una solución que pase por la restitución de los derechos políticos, sociales y económicos de la población
Autonomía y conflicto social
Mientras el gobierno y la dinámica mafiosa con la que co-gobierna necesitan una situación de precariedad absoluta para mantener su gobernabilidad, la lucha por reivindicaciones generales constituyen un espacio para la autonomía de acción y organización, que permite el fortalecimiento de la movilización social y la canalización política del descontento, de un sujeto que surge como externo a ese capital mafioso/corrupto/rentista en el que se ha convertido el gobierno.
El control que ha tenido el gobierno sobre el conflicto social reposaba sobre la cooptación de gran parte de las organizaciones sociales tradicionales, ya sea mediante un control directo del partido de gobierno o transmitiendo el mismo conflicto polarizado y partidista al interno de las organizaciones sociales. Después de todo, uno de los síntomas de la profundidad de la crisis que ha cambiado el país en los últimos años no sólo ha sido la precarización rápida y permanente en todos los aspectos de la vida, sino también en la dificultad que ha tenido la sociedad venezolana para organizarse y movilizarse en función de sus intereses y reivindicaciones. La captura de la autonomía social durante el momento expansivo del proceso bolivariano a través de la identificación sociedad-Estado en que consistió el proyecto del Estado bolivariano, logró fortalecer coyunturalmente la capacidad organizativa de las organizaciones sociales de la misma manera en que afianzaron un proceso de captura por la línea de mando que se originaba en el híper-liderazgo de Chávez, tanto en su papel de jefe de Estado como de líder popular, que luego se retransmitía en estructuras como el PSUV o el propio gobierno nacional.
El éxito de la reestructuración madurista tuvo como reacción el incremento constante y masivo de la emigración, como respuesta a la frustración frente a un gobierno que no puede ofrecer más opciones que una precariedad absoluta. Sin embargo algunos sectores han mantenido el pulso de la protesta social, generando espacios para el desarrollo de procesos de lucha social, y abriendo oportunidades para la organización de un movimiento social autónomo de los centros de administración política. Es el caso de la agenda de protestas sostenidas que vienen generando varios sectores sindicales y gremiales -en su mayoría del sector público, de carácter reivindicativo y con cierta autonomía- para enfrentar la brutal desvalorización del trabajo propiciada por el gobierno.
Las actuales protestas laborales han logrado recuperar ciertos códigos de lucha social al desarrollar un proceso de movilización y resistencia sobre la base de las reivindicaciones fundamentales para recuperar el salario. En la actual situación del país, estas protestas no sólo expresan las reivindicaciones propias de cada sector o sindicato, sino también la necesidad de movilización y lucha frente a un gobierno en una deriva autoritaria y represiva como único método para mantener el poder y las mafias políticas y económicas con las que co-gobierna el país. El gobierno ha dejado claro en los últimos años que necesita mantener una situación de precariedad general para mantener sus formas de control social. Por ello la lucha por el salario no es por la situación crítica de una u otra contratación colectiva, sino por la autonomía frente al gobierno y sus bonos, cajas y demás herramientas para el chantaje, expresando la lucha contra las redes de corrupción con absorben el dinero público, es una lucha contra la miseria como arma política del gobierno. Por esa misma razón la crisis general de los salarios, no se reduce al problema de actualizar un contrato colectivo, más bien es una lucha contra una política de gobierno que afecta a toda la sociedad, es una lucha que puede reunir una gran presión social y política contra las bases sobre las que se sostiene la clase política.
Hay experiencias de lucha y organización que también nos pueden ayudar a ilustrar nuestra propia situación. Son las experiencias que podemos encontrar en otras realidades latinoamericanas y mundiales en donde esa forma de gobernabilidad mafiosa que recorre al capitalismo mundial se expresa con similitudes a la fórmula venezolana. Estas luchas se han concentrado en los territorios, en la comunidad y en diversas formas de redes como espacios sociales democráticos y de resistencia a los grupos de poder gubernamentales y criminales. También en nuestra región se empiezan a recomponer las fuerzas sociales, están surgiendo nuevas estrategias y sujetos que abren rutas de luchas en la coyuntura regional. Un ejemplo han sido los movimientos feministas en una marea mundial quienes han abierto una lucha por la autonomía de los cuerpos y como un cuestionamiento a esas relaciones de poder arcaicas que reposan sobre las figuras patriarcales y paternalistas de los Estado modernos.
De la misma manera en que el poder político desarrolla una forma de gobernar y una institucionalidad como expresión de su base material –el capital rentista-mafioso-, un sujeto político autónomo, se desarrolla en la medida en que se ensancha las relaciones y espacios de encuentro que le dan forma e “institucionalidad” a su forma de organizarse política, social y económicamente. En ese sentido el fortalecimiento de una democracia de base, de los movimientos sociales y de experiencias de economía social, son líneas fundamentales para la constitución de un movimiento popular que pueda ser una referencia alternativa a la miseria que impone el gobierno actual. Por ello hablamos de la autonomía como una estrategia y principio político, el conflicto social abre la necesidad de fortalecer la capacidad de autodeterminación de cada sujeto en lucha, de desarrollar sus redes de resistencia y su capacidad de autogestión que permitan una lucha efectiva y la construcción de una fuerza política que sea una expresión democrática y orgánica de quienes decidimos romper con el pacto social de miseria que impone el gobierno.
Después de los primeros años de crisis y de una dura transición hacia la reestructuración madurista, es posible replantearse la reconstitución de un sujeto social beligerante y autónomo, una fuerza social que sepa sobreponerse a las dinámicas aisladas y locales y que se comprenda como un movimiento de resistencia general a la políticas de miseria que intenta imponer el gobierno. El conflicto social genera una forma de lucha social que se decanta en espacios sociales autónomos, coloca el problema de la autonomía en el centro del movimiento popular, como una herramienta de beligerancia política y social al modelo que impone el gobierno. Si nos enfrentamos a una forma de gobernar, el desarrollo de un movimiento popular de resistencia social debe constituir una forma distinta de organizar el territorio social, debe suponer una expresión política de un sujeto ajeno y contrario al poder mafioso que hoy marca la dinámica del país.
BRAVO SUR
FRENTE CAMPESINO PEDRO PÉREZ DELGADO MAISANTA
LAS COMADRES PURPURAS
VOCES
MOVIMIENTO POLÍTICO NACIONAL EN CONSTRUCCIÓN
