Fuente: AVESA
En el marco de una conversación facilitada por Las Comadres Púrpuras, Teresa Rodriguez, abogada y miembro de Feminismo INC y Magdymar León, Psicóloga y Coordinadora de AVESA, aclararon conceptos,brindaron información y debatieron junto con las y lo asistentes sobre el aborto inseguro, el marco legal del país, aspectos éticos y sobre todo cuál es el objetivo de la campaña #MadreSiYoDecido🌺
Las principales argumentaciones brindadas a los medios de comunicación fueron las siguientes:
- La maternidad es una elección de vida no es una obligación. La maternidad es un derecho. El que las mujeres tengamos la capacidad biológica no significa que estemos obligadas a ser madres. Se trata de una decisión personal, toda vez que la maternidad interviene en todos los aspectos de la vida de una mujer y en su proyecto de vida. Las mujeres tenemos el derecho a decidir si queremos ser madres o no, en qué momento de nuestras vidas, también tenemos derecho a decidir el número de hijos o hijas que deseo tener y con quien. Tenemos el derecho a no ser obligadas a ser madres, eso equivaldría a una forma de tortura.
- La Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) reconoce que la continuación forzada del embarazo, la penalización, denegación o postergación del aborto sin riesgo o de la atención posterior del aborto, constituyen como violaciones del derecho a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos y como violencia por razones de género que, según las circunstancias, pueden constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante, que su vez constituye una violación a los derechos humanos. Los Estados deben garantizar que las mujeres podamos ejercer estos derechos. Venezuela es signataria de la CEDAW.
- El aborto es la interrupción voluntaria o espontánea del embarazo que tiene como consecuencia la expulsión del embrión antes de la semana 22. Después de esta semana se considera parto prematuro. La Organización Mundial de la Salud (OMS) expone que el aborto puede inducirse hasta la semana número 14, y para ello la mujer debe tener la información necesaria y pertinente para que ella tome la mujer decisión en cuanto al acceso de métodos de interrupción en condiciones seguras.
- En Venezuela, en materia de salud sexual y reproductiva se registra una escasez de métodos anticonceptivos por el orden del 85% en todo el país. Los servicios de salud sexual y reproductiva han desaparecido o funcionan de forma deficiente -incluyendo aquellos creados para la atención de adolescentes- las cifras de embarazos entre adolescentes aumenta.
- No existen estudios ni cifras oficiales sobre la tasa de aborto inducido que puedan dar cuenta de la realidad y son pocos los datos que desde la sociedad civil se ha podido recabar.
- El Código Penal venezolano prohíbe el aborto en sus diversas formas, excepto para salvar la vida de la parturienta (aborto terapéutico) y sólo disminuye la penalidad en el caso que se haya cometido para salvaguardar el honor (aborto honoris causa). En Venezuela el aborto es legal solo cuando la vida de la mujer corre peligro. Son ilegales en los casos de embarazos no deseados como consecuencia de una violación sexual o incesto; cuando el feto posee malformaciones congénitas en las que su vida extrauterina es imposible; o cuando corre peligro su salud mental o física de la gestante; y cuando la madre se encuentra en situación de pobreza extrema. También es ilegal hacerlo en las primeras semanas de gestación.
- Así, Venezuela exhibe uno de los marcos legales más restrictivos de América Latina y el Caribe en materia de aborto; sin embargo, ello no erradica su práctica, pero contribuye al alto subregistro y al desconocimiento del impacto real en la morbilidad y mortalidad de las mujeres en el país. En Venezuela no existe la opción del aborto seguro, sin embargo, las mujeres abortan de manera clandestina y en condiciones de inseguridad poniendo en riesgo su salud y su vida. La ilegalidad favorece la especulación y la práctica de abortos clandestinos donde las clínicas y centros de salud privados obtienen grandes ganancias económicas a costa del cuerpo de las mujeres y haciendo del aborto ilegal un gran negocio
- En muchos países el aborto no constituye un delito. Las mujeres que deciden interrumpir un embarazo no deseado, no esperado o no planificado no deben ser castigadas. Ninguna mujer queda embarazada deliberadamente para después abortar. El aborto es un recurso que tiene la mujer para no continuar con un embarazo que no esperaba, que no quiere, que no desea, que no planificó; y no debe estar obligada a hacerlo. Interrumpir un embrazo dentro de las 20 semanas no constituye un asesinato pues es un embrión o feto en formación.
- Cuando el aborto es realizado en condiciones de legalidad, y por ende de forma segura, el riesgo es casi inexistente. La OMS plantea que al que aborto farmacológico tiene el menor riesgo siempre que se administre siguiendo el protocolo.
- Sin embargo, cuando el aborto se práctica de forma insegura, sobre todo en condiciones de ilegalidad y restricción, como el que se practica en clínicas clandestinas e insalubres, se incrementan los riesgos generando severas complicaciones en la salud de la mujer, tales como: hemorragias, sepsias, daños en el útero y cérvix, infertilidad e inclusive la muerte.
- Considerar el aborto como bueno o malo implica un dilema ético, cuya valoración va a estar vinculada a las creencias y convicciones de cada persona. No hay una valoración única sobre el aborto, están involucrados muchos elementos de carácter religioso, económico, de salud, político, afectivo, etc. Cada mujer debe tener el derecho de decidir de manera libre sobre este dilema personal.
En este momento corresponde alentar el debate sobre el aborto inseguro y mostrar cómo el no garantizar el derecho a decidir de las mujeres sobre su sexualidad y su reproducción nos coloca en un lugar de mayor vulneración.
